WASHINGTON D.C. - Un tribunal estadounidense solicitó a Twitter entregar detalles de las cuentas de WikiLeaks, Julian Assange y otros colaboradores como parte de una investigación criminal por la divulgación de cientos de miles de documentos confidenciales.
La petición, obtenida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue otorgada por el tribunal de distrito de Alexandria, en Virginia, el 14 de diciembre pues los jueces calificaron de pertinentes en el marco de la investigación criminal en curso.
Sin embargo, fue hasta esta semana que la red social pudo hacer pública la solicitud, pues la orden le daba tres días para entregar los registros y le ordenaba no alertar a los usuarios bajo investigación.
La solicitud busca conseguir todos los registros de conexión y sesiones iniciadas, historial de IP usadas para acceder a Twitter, correos electrónicos y direcciones residenciales, además de registros de facturación y detalles de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Assange y sus colegas, así como los datos sobre algunos seguidores del portal, como Jacob Appelbaum, Rop Gonggrijp y Birgitta Jonsdottir, un miembro del Parlamento de Islandia.
Por su parte, WikiLeaks afirmó que tres o cuatro individuos a los que apuntaba el Departamento de Justicia nunca habían trabajado para ellos y que eran ciudadanos privados quienes la apoyaban voluntariamente como activistas o políticos.
Además, en un comunicado reveló tener motivos para creer que Facebook y Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadounidense.
En tanto, la Administración de Estados Unidos inició esta semana una revaluación de las normas de seguridad con las que operan todos los organismos implicados en el manejo de secretos oficiales, con el fin de adaptar los sistemas de vigilancia a las necesidades después del escándalo internacional sufrido por las revelaciones hechas por el portal sobre la diplomacia estadounidense.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto <http://www.whitehouse.gov/omb/>, Jacob Lew, remitió el lunes pasado a los jefes de todos los departamentos y agencias del Gobierno con acceso a documentos clasificados un cuestionario, elaborado por la Oficina de Supervisión de la Seguridad de la Información y el Ejecutivo Nacional de Contrainteligencia, incluido en la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, para detectar la posibilidad de que se filtre información reservada.
El cuestionario, indaga sobre las aficiones de los funcionarios, las páginas web que visitan, la frecuencia con la que viajan al extranjero y otra serie de circunstancias de carácter privado que pudieran hacer sospechar sobre su comportamiento.
Reubica EU a personas claves
Estados Unidos ha ayudado a algunas personas a reubicarse en zonas seguras, debido a que cree que podrían estar en peligro por los cables diplomáticos del país divulgados por WikiLeaks, dijo ayer el Departamento de Estado.
El portavoz del organismo, P.J. Crowley, aseguró que aquellos en riesgo podrían incluir a activistas civiles, periodistas o funcionarios de Gobierno.
Crowley informó que se ha formado un equipo especial para evaluar los posibles riesgos que representan para los individuos las divulgaciones del portal, sin embargo, no especificó la ayuda que se les ha otorgado.
La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado están endureciendo los procedimientos para evitar nuevas revelaciones.
La petición, obtenida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue otorgada por el tribunal de distrito de Alexandria, en Virginia, el 14 de diciembre pues los jueces calificaron de pertinentes en el marco de la investigación criminal en curso.
Sin embargo, fue hasta esta semana que la red social pudo hacer pública la solicitud, pues la orden le daba tres días para entregar los registros y le ordenaba no alertar a los usuarios bajo investigación.
La solicitud busca conseguir todos los registros de conexión y sesiones iniciadas, historial de IP usadas para acceder a Twitter, correos electrónicos y direcciones residenciales, además de registros de facturación y detalles de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Assange y sus colegas, así como los datos sobre algunos seguidores del portal, como Jacob Appelbaum, Rop Gonggrijp y Birgitta Jonsdottir, un miembro del Parlamento de Islandia.
Por su parte, WikiLeaks afirmó que tres o cuatro individuos a los que apuntaba el Departamento de Justicia nunca habían trabajado para ellos y que eran ciudadanos privados quienes la apoyaban voluntariamente como activistas o políticos.
Además, en un comunicado reveló tener motivos para creer que Facebook y Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadounidense.
En tanto, la Administración de Estados Unidos inició esta semana una revaluación de las normas de seguridad con las que operan todos los organismos implicados en el manejo de secretos oficiales, con el fin de adaptar los sistemas de vigilancia a las necesidades después del escándalo internacional sufrido por las revelaciones hechas por el portal sobre la diplomacia estadounidense.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto <http://www.whitehouse.gov/omb/>, Jacob Lew, remitió el lunes pasado a los jefes de todos los departamentos y agencias del Gobierno con acceso a documentos clasificados un cuestionario, elaborado por la Oficina de Supervisión de la Seguridad de la Información y el Ejecutivo Nacional de Contrainteligencia, incluido en la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, para detectar la posibilidad de que se filtre información reservada.
El cuestionario, indaga sobre las aficiones de los funcionarios, las páginas web que visitan, la frecuencia con la que viajan al extranjero y otra serie de circunstancias de carácter privado que pudieran hacer sospechar sobre su comportamiento.
Reubica EU a personas claves
Estados Unidos ha ayudado a algunas personas a reubicarse en zonas seguras, debido a que cree que podrían estar en peligro por los cables diplomáticos del país divulgados por WikiLeaks, dijo ayer el Departamento de Estado.
El portavoz del organismo, P.J. Crowley, aseguró que aquellos en riesgo podrían incluir a activistas civiles, periodistas o funcionarios de Gobierno.
Crowley informó que se ha formado un equipo especial para evaluar los posibles riesgos que representan para los individuos las divulgaciones del portal, sin embargo, no especificó la ayuda que se les ha otorgado.
La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado están endureciendo los procedimientos para evitar nuevas revelaciones.
